¿Expropiación de utilidad pública?
Después de varios intentos fallidos durante el gobierno de Hugo Chávez, bastó un inconsulto e indocumentado decreto reciente del gobierno regional del Estado Vargas, para ponerle la mano a una amplia extensión de los campos de golf del Caraballeda Golf & Yatch Club, importante centro deportivo, recreativo, turistico en el litoral central. El dislocado objetivo es construir una ciudad estudiantil para 5000 estudiantes sin tomar en cuenta los complejos y evidentes problemas que semejante proyecto supone. Las grandes ciudades como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia, no disponen de instalaciones educativas de esa magnitud, no obstante las carencias en materia de educación y la ostensible falta de personal docente para la formación en materias básicas. La tendencia educativa no ha de ser la concentración, como propone el decreto, sino la dispersión de los conocimientos e instalaciones para que la escuela llegue a más comunidades.
Raúl Sanz Machado
La apetecible extradición de los campos de Caraballeda, muestra un inocultable afán político como ha lo ha sido con numerosos despojos de propiedades privadas que yacen improductivas en el país o han caído en toda suerte de manipulaciones corruptivas. La movilización diaria de 5000 estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes, supone drásticos cambios que inciden negativamente en el ámbito vecinal: masiva movilización de padres y representantes, personal educativo y administrativo, transporte, estacionamiento, abastecimiento, perturbación ambiental-vecinal en las horas pico, y seguridad, entre otros. Habría que incluir las cuantiosas inversiones requeridas, cuando el Estado atraviesa por una grave crisis financiera.
En la vecina zona sur de la Iglesia de N.S. de Caraballeda, se abre una extensa área de terrenos ejidos municipales, que alcanzan hasta las faldas del Avila y que fueron afectados en diciembre de 1999 por el grave deslave ocurrido en el ámbito litoralense. Terrenos que bien han podido ser utilizados para desarrollos residenciales, educativos, deportivos, recreacionales, turísticos, como los excelentes desarrollos internacionales de Punta Cana, Puerto Plata y La Romana, en Santo Domingo, o en Curazao, Aruba, Saint Thomas y otras islas del Caribe. Sin embargo han transcurrido 18 años y los terrenos varguenses permanecen a la espera de un mejor destino. Mientras que allí es necesaria la construcción de las obras de urbanismo según el propósito del uso y destino de las tierras, en Caraballeda todo está listo, a la espera de ponerle la mano, de manera fácil y cómoda, ignorando más de 70 años de esfuerzos y aportes de los urbanistas y socios.
El origen del club Caraballeda se remonta a los días del siglo XVII, cuando en el fundo Juan Díaz se construyó la espléndida casona, uno de los pocos vestigios de la época colonial hispánica en Venezuela, convertida a mediados del siglo XX en la sede del Caraballeda Golf and Yatch Club, asiento de los campos de golf. Fue en 1946, cuando los propietarios de aquello predios, familia Sosa Baez, construyó con los empresarios Bernardo Siso y Carlos Heny, la urbanización Caribe, la primera y más importante del litoral, que incluyó la fundación del club social Caraballeda, para el deporte del golf, el tenis y actividades naúticas, convertido en un grato centro de esparcimiento social.
La tragedia del deslave de 1999 ocasionó graves perjuicios que afectaron la vida del club, incluyendo la frustrada invasión de los campos de golf y a finales de julio de 2009 otro intento de expropiación con el pretexto de convertirlo en parque ecológico, lo cual de hecho y por tradición lo ha sido. En lugar de una “ciudad estudiantil para 5000 estudiantes,” serian preferibles 10 planteles educativos para 500 alumnos c/u, sería lógico y preferible 10 instituciones para 500 alumnos diseminados a lo largo del litoral, desde Naiguatá hasta más allá de Oricao. “La luz que aprovecha más a una nación, no es la que se concentra sino la que se difunde”, decía el sabio Cecilio Acosta.
La vía legal y el sentido común han prevalecido y hoy, como desde hace 70 años, los miembros de CG&YC continúan aportando sus recursos para su desarrollo, mantenimiento y conservación. Directivos de la Asociación de Clubes Sociales mantienen abiertas opciones para que, sin detrimento de las partes, se logren soluciones pacíficas y sobre todo justas.
